California’s voting rights are at the center of a political battle over allegations of noncitizen voting and proposed voter identification requirements. Photo: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

The federal crackdown on voting by non-citizens in California is obviously aimed more at having a political impact than combating serious crime.

It bolsters President Donald Trump’s repetitive, but unproven, claims that Democrats have stacked the political deck by allowing non-citizens to vote. It singles out California, a deeply blue state and a whipping boy in elections across the nation.

El derecho al voto en California está en el centro de una batalla política en torno a las acusaciones de que personas que no son ciudadanas votan en las elecciones y a las propuestas para exigir una identificación electoral. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

La ofensiva federal contra el voto de los no ciudadanos en California tiene como objetivo evidente ejercer un impacto político más que combatir delitos graves.

Refuerza las afirmaciones reiteradas, pero no demostradas, del presidente Donald Trump de que los demócratas han inclinado la balanza política a su favor al permitir que los no ciudadanos voten. Además, señala a California, un estado profundamente demócrata, convertido en blanco habitual de críticas durante las campañas electorales en todo el país.

Proposed wealth tax raises questions about retroactivity, predictability and the rule of law in California. Photo: Andre m, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 

Can government impose significant new obligations based on circumstances that existed before voters approved the law?

The architects of Proposition 40—California’s proposed 5 percent tax on billionaire net worth—say they want to tame inequality. But in their rush to redistribute wealth, they risk undermining something more fundamental: the rule of law.

La Propuesta 40, que plantea un impuesto del 5 por ciento sobre el patrimonio de los multimillonarios, suscita interrogantes sobre la retroactividad, la previsibilidad y el Estado de derecho en California. Foto: Andre m, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

¿Puede el gobierno imponer nuevas obligaciones significativas basadas en circunstancias que existían antes de que los votantes aprobaran la ley?

Los impulsores de la Proposición 40, el impuesto propuesto por California del 5 por ciento sobre el patrimonio neto de los multimillonarios, dicen que quieren reducir la desigualdad. Pero, en su afán por redistribuir la riqueza, corren el riesgo de socavar algo más fundamental: el Estado de derecho.