Los californianos apoyaron abrumadoramente la Propuesta 36 para alargar las sentencias penales por ciertos delitos de robo y drogas, y para dirigir a más personas a tratamientos contra las drogas después de las condenas. Las opiniones de los votantes cambiaron sobre la seguridad pública después de la pandemia de COVID-19.

Desde sus teléfonos y sus pantallas de televisión y, a veces, desde sus ventanas, los californianos vieron cómo su estado cambiaba rápidamente durante la pandemia. El número de personas sin hogar aumentó y siguió creciendo. Las sobredosis fatales de fentanyl se dispararon. Los robos violentos durante el día pasaron de TikTok a los noticieros nocturnos. 

Over half of U.S. Latinos who do not speak Spanish have been shamed by other Latinos for it.

Language plays a foundational role in shaping human experience, connecting people to their heritage and offering a sense of pride. However, for many U.S. Hispanics, language can also be a source of anxiety and shame. According to a study by the Pew Research Center, while 78 percent of U.S. Hispanics say it’s not necessary to speak Spanish to identify as Latino, over half of those who don’t speak Spanish report having been shamed by other Hispanics for not speaking the language.

Si bien la mayoría de los latinos en EE.UU. hablan español, no todos lo hacen. El 24 por ciento de todos los adultos latinos dicen que solo pueden mantener un poco o nada una conversación en español.

Más de la mitad de los latinos en EE.UU. que no hablan español han sido avergonzados por otros latinos

El lenguaje desempeña un papel crucial en la experiencia humana, conectando a las personas con su herencia cultural y brindando un sentido de orgullo. Sin embargo, para muchos hispanos en Estados Unidos, el idioma puede ser también una fuente de ansiedad y vergüenza. Un estudio del Pew Research Center revela que, aunque el 78 por ciento de los hispano-estadounidenses considera que no es necesario hablar español para identificarse como latino, más de la mitad de quienes no hablan español reportan haber sido avergonzados por otros hispanos debido a ello.

Through many metal gates, across an active exercise yard, past cyclone fences topped with curled barbed wire, at the end of a row of neglected warehouses at the California State Prison Solano, there is an incongruous sight: a restaurant.

The cooks are men serving time for murder and drug and gang-related crimes. They built the restaurant and then learned how to dice jalapeños not from culinary school graduates but from members of Delancey Street Foundation, a self-help residential program for ex-addicts, alcoholics and convicts that has operated in San Francisco for over a half a century. Smaller Delancey Street facilities operate in Los Angeles, New Mexico, North Carolina, South Carolina, New York and Massachusetts.

Cristin Smith, de 35 años, trabaja en la cocina del restaurante Delancey Street con otros reclusos en la prisión estatal de California, Solano en Vacaville. Fotos: Florence Middleton

A través de muchas puertas de metal, a través de un patio de ejercicios, más allá de vallas ciclónicas coronadas con alambre de púas rizado, al final de una hilera de almacenes abandonados en la prisión estatal de California Solano, hay una vista incongruente: un restaurante. 

Los cocineros son hombres que cumplen condenas por asesinato y delitos relacionados con drogas y pandillas. Construyeron el restaurante y luego aprendieron a cortar jalapeños no de graduados de la escuela culinaria sino de miembros de la Fundación Delancey Street, un programa residencial de autoayuda para ex adictos, alcohólicos y convictos que ha funcionado en San Francisco durante más de medio siglo. Instalaciones más pequeñas de Delancey Street funcionan en Los Ángeles, Nuevo México, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York y Massachusetts.

Gov. Gavin Newsom ordered state agencies to remove homeless camps throughout California, his first major show of force since the Supreme Court granted state and local authorities more power to clear encampments.

Newsom’s executive order mandates that state agencies and departments adopt policies to clear camps on state property. It also encourages local governments to do the same.