El derecho al voto en California está en el centro de una batalla política en torno a las acusaciones de que personas que no son ciudadanas votan en las elecciones y a las propuestas para exigir una identificación electoral. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
La ofensiva federal contra el voto de los no ciudadanos en California tiene como objetivo evidente ejercer un impacto político más que combatir delitos graves.
Refuerza las afirmaciones reiteradas, pero no demostradas, del presidente Donald Trump de que los demócratas han inclinado la balanza política a su favor al permitir que los no ciudadanos voten. Además, señala a California, un estado profundamente demócrata, convertido en blanco habitual de críticas durante las campañas electorales en todo el país.
Por último, esta ofensiva se produce mientras los californianos marcan sus papeletas de voto por correo para las elecciones de medio término del 3 de noviembre y deciden el destino de la Proposición 39, que exigiría a los votantes presentar documentos que acrediten su elegibilidad.
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Trump demandó a California y al condado de Los Ángeles, después de exigir a las autoridades estatales que apartaran las papeletas de 20,000 votantes registrados que, según el departamento, podrían no reunir los requisitos para votar.
La exigencia fue rechazada y, el lunes, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 28 inmigrantes que son residentes permanentes legales, alegando que se habían registrado ilegalmente para votar o habían votado en alguna elección.
"Los cargos presentados hoy demuestran por qué esa demanda es tan importante", declaró a los periodistas Trent McCotter, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos. "Se trata de prevenir el fraude electoral que anula los votos de los ciudadanos estadounidenses. Hacer cumplir la ley federal aumenta la integridad de las elecciones".
El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que quienes voten ilegalmente deben ser procesados, pero añadió: "28 de los 23 millones de votantes registrados en California es simplemente... una gota en el océano desde el punto de vista numérico. Representa el 0,0001 % de todos los votantes registrados y demuestra que no existe un fraude electoral generalizado".
Mientras tanto, en un tribunal de Oakland, los opositores a las exigencias federales argumentaban que las medidas de la administración Trump violan la Ley Federal del Derecho al Voto al disuadir a los votantes legítimos de emitir su voto.
Desde hace meses resulta evidente que la Casa Blanca planeaba algún tipo de intervención en cuanto comenzara la votación en California. El tamaño del estado, su orientación política demócrata, su numerosa población inmigrante —tanto en situación regular como indocumentada— y sus procedimientos de votación sumamente accesibles lo convierten en un blanco.
Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto a cargo de la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, afirmó que es posible que las autoridades estatales también se enfrenten a cargos federales.
"Están siendo cómplices de que los no ciudadanos voten en nuestras elecciones", declaró Essayli. "Y, como se les advirtió la semana pasada, no solo se trata de una infracción civil, sino que también podrían afrontar consecuencias penales por esa conducta si procesan deliberadamente papeletas de no ciudadanos después de que les hayamos informado de quiénes son".
Las raíces de este conflicto se remontan a 1978, cuando el entonces gobernador Jerry Brown y una Legislatura controlada por los demócratas eliminaron las restricciones al voto en ausencia. Durante décadas, los votantes habían tenido que convencer a los funcionarios electorales de que necesitaban votar en ausencia porque no podían hacerlo en persona.
Los demócratas creían que facilitar considerablemente el voto en ausencia aumentaría la participación y les ayudaría a ganar elecciones. Sin embargo, no lograron aprovechar este cambio en las elecciones de 1982, mientras que los republicanos sí lo utilizaron para elegir a George Deukmejian como gobernador y a Pete Wilson como senador de Estados Unidos.
Aun así, los demócratas siguieron flexibilizando gradualmente las leyes electorales, mediante medidas como la inscripción automática de votantes a través del Departamento de Vehículos Motorizados, la inscripción electoral el mismo día de las elecciones y el envío de papeletas por correo a todos los votantes registrados.
Los funcionarios electorales afirman que se esfuerzan por garantizar que solo voten las personas que reúnen los requisitos. Aunque el sistema podría ser manipulado, no existe absolutamente ninguna prueba de que se haya realizado un esfuerzo organizado para hacerlo.
Esa podría ser la razón por la que la Proposición 39, que exigiría a los votantes demostrar que cumplen los requisitos para votar y probablemente pondría fin al sistema estatal de voto exclusivamente por correo, no está teniendo buenos resultados. Redactada por el asambleísta Carl DeMaio, un provocador político, la Proposición 39 ha obtenido malos resultados en todas las principales encuestas previas a las elecciones. En la más reciente, una encuesta de Citrin-POLITICO, apenas alcanzó el 42 por ciento de apoyo.
DeMaio y otros republicanos podrían esperar que la ofensiva de la administración Trump ayude a que la Proposición 39 salga adelante, pero es poco probable que eso ocurra.
Este artículo fue publicado originalmente por calmatters.org y traducido al español por Visión Hispana.
