Cuando se trata de la política sobre la marihuana, California ha estado atrapada en un cuento de hadas durante décadas. Este particular cuento de hadas es como “El traje nuevo del Emperador”.

 

Todos pueden ver que la prohibición de la marihuana no ha hecho nada para prevenir su uso y que el hecho de arrestar decenas de miles de californianos cada año por el delito menor de posesión de marihuana desvía recursos policíacos de los delitos graves cometidos con violencia.

Además, nadie está ciego ante el hecho de que la marihuana ha financiado y dado poder a los cárteles de las drogas, responsables del sufrimiento y la violencia indecibles en ambos lados de la frontera. 

 

Es hora de que los californianos admitan la verdad sobre la guerra contra la marihuana. No solamente es inefectiva, sino que directamente compromete la seguridad pública en nuestro estado.

 

En noviembre, California puede convertirse en el primer estado en reconocer esta realidad al promulgar la Ley de Regulación, Control e Impuestos al Cannabis del 2010.

 

Esta iniciativa inteligente legalizaría el cultivo y posesión personal de pequeñas cantidades de marihuana para adultos mayores de 21 años. Las ciudades y condados de manera independiente podrían regular estrictamente la distribución y venta como lo consideren conveniente. Incrementaría la penalización a la provisión de marihuana a menores, y la venta realizada por distribuidores sin licencia, quienes ahora financian los cárteles y provocan caos en nuestras ciudades, seguiría siendo ilegal.

 

Otros han planteado argumentos con sentido común sobre los beneficios económicos que traería el hecho de gravar esta industria tan importante. El cannabis es por mucho el cultivo comercial más grande en el estado con un valor estimado de cerca de $14 mil millones. El estimado de los ingresos tributarios derivados sólo de su venta sería de $14 mil millones, dinero que podría invertirse en fuerzas policíacas, escuelas públicas y otros servicios importantes que actualmente están siendo afectados por la crisis presupuestaria de California.

 

Como Procurador de Justicia de Oakland, ciudad en donde docenas de personas mueren cada año en asesinatos relacionados con las drogas, mi preocupación principal es el daño colateral sufrido por la seguridad pública a causa de la guerra contra la marihuana. 

 

El mercado negro de la marihuana es una fuente importante de combustible que propulsa las vastas actividades criminales que amenazan la paz en nuestras calles y debilitan la seguridad nacional en nuestras fronteras. De acuerdo con la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, los cárteles mexicanos obtienen más del 60 por ciento de sus ingresos de la venta de marihuana en los Estados Unidos.

 

Resulta difícil calcular los costos actuales derivados de la imposición de tal prohibición. Gastamos cientos de millones de dólares e innumerables horas de procuración de justicia arrestando personas por delitos de bajo nivel relacionados con la marihuana lo que fomenta la sobrecarga de trabajo en las cortes y la sobrepoblación en las prisiones.

 

Más de 61,000 californianos fueron arrestados por el delito menor de posesión de marihuana en el 2008. El mismo año, en todo el estado cerca de 60,000 delitos violentos no fueron resueltos. La realidad es que los recursos atados a la lucha contra la marihuana estarían mejor invertidos si se asignaran a la resolución y prevención de delitos graves cometidos con violencia y otros delitos serios.

 

Regular y controlar la marihuana es realmente una medida de ley y orden. Saca la marihuana de las esquinas de las calles y la lleva lejos de las manos de los niños. Corta de tajo una enorme fuente de ingresos de los gánsters violentos que hoy en día controlan el mercado. Además, da a la procuración de justicia más capacidad para concentrarse en lo que realmente es importante para los californianos: hacer más seguras nuestras comunidades.

 

Es hora de que llamemos a la prohibición de la marihuana por su nombre, un enfoque obsoleto y costoso que no ha beneficiado a nuestra sociedad. En noviembre, finalmente tendremos la oportunidad de tomar un curso racional con la Ley de Regulación, Control e Impuestos al Cannabis del 2010.