A principios del mes, la distinguida profesora universitaria Angela Davis escribió una editorial sobre el mandamiento judicial anti-pandillas propuesto en el vecindario de Fruitvale.

El mandamiento judicial está diseñado para proteger a los residentes y negocios de la Fruitvale de los Norteños, una de las organizaciones criminales más violentas y sofisticadas en la ciudad. Solo durante el 2010, esta pandilla fue vinculada a por lo menos 38 tiroteos en Oakland – al menos 13 de ellos en el área de la Fruitvale.

Desafortunadamente, gran parte de la opinión de la profesora Davis sobre la política del mandamiento judicial anti-pandillas está basada en información errónea y en una ideología anticuada que no permite que la policía juegue un papel en la solución de los graves problemas que enfrenta la ciudad.

La catedrática Davis escribió: “Para aquellos quienes …simplemente viven en las zonas del mandamiento judicial, estos mandamientos transformarán los actos de acercarse a un vehículo o comunicarse con un vecino, en actos criminales”.  

Es una afirmación terrible, pero categóricamente falsa. Que puede ser desacreditada fácilmente si se da un vistazo rápido a la propuesta de nueve-páginas del mandamiento judicial en el sitio web del Procurador de la Ciudad (www.oaklandcityattorney.org).  

El 3 de marzo, la profesora Davis junto con otros adultos utilizaron este tipo de afirmaciones para asustar y hacer enojar a estudiantes de las escuelas de la Federación de Fremont quienes hicieron demostraciones en el Ayuntamiento de la Ciudad. Ellos dijeron a los estudiantes que los mandamientos judiciales de Oakland suspenderían las causas probables, legalizarían el perfil racial, desviarían dinero de las escuelas y como Davis escribió, “transformarían las actividades diarias en ofensas merecedoras del arresto y condenas” para todos dentro de las áreas designadas.

Por supuesto, los mandamientos judiciales de Oakland no implican ninguna de esas afirmaciones. Si así lo hicieran, yo sería el primero en protestar.

En Oakland, los mandamientos judiciales civiles no atribuyen a los oficiales de la policía ningún poder extraordinario. Los mandamientos judiciales no suspenden nuestras protecciones legales, incluyendo el perfil racial. Y la policía no puede simplemente aplicarlos (los mandamientos judiciales) a cualquier persona que vive en ciertos vecindarios, como falsamente asegura Davis.

En realidad, los mandamientos judiciales de Oakland en contra de pandillas son órdenes de restricción hechas específicamente en contra de ciertos individuos quienes han probado ante la corte que son parte de organizaciones criminales. El primer mandamiento judicial en el norte de Oakland solo aplica a quince miembros de pandillas basado en sus condenas por crímenes cometidos incluyendo robo a mano armada, robo de autos empleando violencia, portación de armas, venta de drogas y violencia doméstica. En Fruitvale, la orden aplicaría a cuarenta hombres, orden basada principalmente en arrestos y condenas por crímenes similares.

En áreas específicas, los miembros de pandillas que han sido restringidos tienen prohibido portar armas de fuego y amenazar testigos. No podrán asociarse en público o estar en las calles entre las 10 p.m. y 5 a.m., con excepciones de casos de trabajo y servicios sociales. Los acusados tienen el derecho de optar por “la salida” si es que ya no son miembros de las pandillas.

La opinión editorial de Davis también afirma erróneamente que los mandamientos judiciales “desvían” dinero de otros servicios. El monto gastado en los mandamientos judiciales – hasta ahora tan solo $100,000 – proviene del presupuesto de litigación de la oficina del Procurador de la Ciudad, no de ninguno de los presupuestos de algún programa social o educativo. Esto representa solo una fracción del dinero que se gasta en Oakland en programas de prevención de pandillas, como es el caso de la Medida Y, y es solo una pequeñísima parte del costo total que conlleva la aplicación de la ley en la ciudad.

Davis olvida mencionar que el costo incurrido en la investigación de un homicidio puede ser mayor que el costo entero de un caso de un mandamiento judicial. Si un mandamiento judicial previene una muerte, esencialmente paga por sí mismo. Por supuesto, significaría también un ser humano menos en la lista de víctimas de homicidios este año.

Estoy de acuerdo con la profesora Davis en que Oakland necesita mejores intervenciones y más oportunidades significativas para los jóvenes. Pero también necesitamos aplicar la ley de manera inteligente. El Jefe Batts concede un argumento muy significativo al utilizar los mandamientos judiciales como una herramienta para enfocarse en los individuos responsables del desproporcionado número de crímenes y violencia en nuestra ciudad.

Una ideología “Radical Chic” de los años ‘60s que ve a la policía como enemigo de la gente no ayuda a Oakland en este 2011. Tampoco ayuda que una académica del prestigio de Davis de una conferencia a los estudiantes de Oakland sin primero haber hecho su tarea.