¿Deberíamos regular al azúcar como hacemos con el alcohol o el tabaco?

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11 February 2012 Art Carden Print Email


“Todo el objetivo de la política práctica es mantener alarmado al populacho (y por lo tanto clamoroso de ser conducido hacia la seguridad) amenazándolo con una serie interminable de duendes, todos ellos imaginarios”. - H.L. Mencken

Al igual que muchísima gente, estoy cada vez más preocupado por una cintura en expansión y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Deseo que mis hijos vivan largas, felices y saludables vidas, y deseo que desarrollen buenos hábitos alimenticios. ¿Es regulando el azúcar del modo en que regulamos al alcohol y al tabaco la forma correcta de hacerlo? Algunos sostienen que sí. Yo afirmo que no. Siga leyendo para averiguar por qué.

No es que vivamos en un mundo perfecto. En un artículo reciente que apareció en la revista Nature, Robert H. Lustig, Laura A. Schmidt y Claire D. Brindis de la University of California en San Francisco comentaban sobre cómo “las Naciones Unidas declararon que, por primera vez en la historia humana, enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes constituyen una carga mayor para la salud en todo el mundo que las enfermedades infecciosas”. En sus propias palabras,

    El anuncio de las ONU apunta al tabaco, el alcohol y la dieta como factores de riesgo centrales en las enfermedades no transmisibles. Dos de estos tres—el tabaco y el alcohol—están regulados por los gobiernos para proteger la salud pública, dejando sin control a uno de los principales culpables detrás de esta crisis de la salud mundial.

Los autores luego pasan a afirmar que los gobiernos deberían considerar el control de los edulcorantes con impuestos y regulaciones tal como controlan el alcohol y el tabaco. Hay varias razones por las cuales ésta probablemente no sea una muy buena idea.

Primero, las enfermedades no transmisibles vinculadas al “estilo de vida” que ellos abordan son en general enfermedades de la opulencia. Lustig, Schmidt y Brindis señalan correctamente que los ingresos crecientes en los países pobres aumentan el acceso a dietas de estilo occidental, pero esto no es algo malo per se. El hecho de que la mortalidad por enfermedades no transmisibles sea actualmente mayor que la mortalidad por enfermedades transmisibles es un testimonio de nuestra creciente capacidad para tratar a las enfermedades infecciosas y el hecho de que la gente vive el tiempo suficiente como para padecer afecciones como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes.

No soy el primero en señalar que, tal vez perversamente, un aumento de la tasa de cáncer puede ser un indicador de mayor bienestar social en virtud de que indica que una mayor proporción de la población está viviendo lo suficiente como para que el cáncer sea un problema. Los avances médicos y los mayores ingresos significan que menos gente en la actualidad está muriendo de disentería. Algunas de esas personas podrían eventualmente morir de cáncer. Las crecientes tasas de cáncer pueden enmascarar tendencias positivas en la salud pública, y tenemos que ser muy cuidadosos acerca de cómo interpretamos los datos.

Segundo, la afirmación de los autores de que el alcohol y el tabaco se encuentran regulados y gravados con impuestos debido a consideraciones de “salud pública” es plausible pero incompleta. Bruce Yandle acuñó el término ya clásico de “contrabandistas y bautistas” para describir a las extrañas coaliciones políticas que se forman alrededor de las distintas regulaciones. Es cierto que muchos “bautistas” no bebedores apoyaron la prohibición del alcohol, pero la prohibición tuvo otro efecto: enriqueció a los contrabandistas. Cuando le damos a un gobierno el poder de actuar en nombre de la salud pública, también le otorgamos la facultad de actuar en nombre de intereses especiales. No me sorprendería si estos impuestos y regulaciones son torcidos de manera tal que protejan a poderosos y atrincherados intereses a expensas de los consumidores y en detrimento de los productores más pequeños.

Tercero, los autores citan las pérdidas en la productividad a causa de enfermedades relacionadas con el azúcar, escribiendo que “(l)os Estados Unidos gastan anualmente 65 mil millones (billones en inglés) en productividad perdida y 150 mil millones en recursos para la atención de la salud por afecciones asociadas con el síndrome metabólico”. Esto sólo se convierte en una instancia plausible para la acción del gobierno si estos son costos indirectos. Si el azúcar reduce mi productividad, entonces esto se reflejará en menores ingresos. Asumiré el coste total de mis hábitos alimenticios.

Cuarto, si hay efectos secundarios negativos, entonces es una ilustración de la ley de las consecuencias no deseadas. La gente que muere por enfermedades relacionadas con el alcohol, el tabaco o el azúcar podría sobrecargar los recursos sanitarios del gobierno, pero este es el mecanismo de las formas en que los recursos gubernamentales en materia de salud subsidian a las malas decisiones de salud y socializan los riesgos individuales.

Supongamos que estoy decidiendo si debería tomar una lata de Coca-Cola. Si puedo esperar que otros asuman los costos de mis malas decisiones en materia de salud, entonces esa lata de Coca Cola será menos costosa para mí. Si otras personas pagarán mis cuentas médicas por mí, tengo incentivos más débiles para tomar buenas decisiones respecto de la salud.

Quinto, los autores apuntan a un número de razones diferentes por las cuales el azúcar podría tener algunas de las mismas propiedades formadoras de hábito (o incluso adictivas) del alcohol y el tabaco. Las razones que ofrecen de porqué el azúcar debería ser regulada y gravada con impuestos son las mismas razones por las cuales la regulación del azúcar es probable que genere más costos que beneficios. La gente consume menos alcohol y menos cigarrillos de lo que lo harían sin los controles gubernamentales, pero la reducción del consumo es costosa.

La aplicación de impuestos y regulaciones sobre el alcohol y el tabaco requiere de recursos reales. El oficial de policía tratando de clausurar un almacén de barrio por vender tabaco a menores de edad no está procurando esclarecer un asesinato o un robo. El metal de las armas que son portadas por los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF es su sigla en inglés) es metal que no está siendo utilizado para producir automóviles o erigir puentes. Y así sucesivamente. ¿Realmente deseamos que los empleados de los supermercados y los oficiales de policía desperdicien tiempo y energía para asegurarse de que todo el mundo haya exhibido sus documentos al momento de comprar una Pepsi?

Finalmente, debemos tener en cuenta la ley de las consecuencias no deseadas. Los menores que beben alcohol pueden no usar tampones humedecidos con vodka, pero la gente ha descubierto toda clase de maneras ingeniosas para evadir las restricciones sobre el alcohol, el tabaco y las drogas recreativas (me enteré de lo que es el “purple drank” el martes). La gente responde a incentivos, y encuentra formas de evadir las restricciones. Así como lo ha hecho con el alcohol, el tabaco y las drogas, estoy seguro de que encontrará la manera eludir las restricciones sobre el azúcar.

Art Carden es Asociado Adjunto en el Independent Institute en Oakland, California, y profesor asistente en el Departamento de Economía y Negocios del Rhodes College.