Como representantes de una de las ciudades de California que más fuerte ha sido golpeada por la crisis de embargos inmobiliarios, celebramos que Kamala Harris, Procuradora General del estado,  utilice los poderes de su oficina a fin de proteger a los dueños de casa del fraude y abuso en el mercado hipotecario.

La Procuradora General Harris anunció  un muy necesario “Proyecto de Ley de los Derechos de los Dueños de Casa”, un conjunto de leyes diseñadas para detener las prácticas engañosas de los bancos y ayudar a las familias a conservar sus casas. Esto sucede solo semanas después de que las acertadas tácticas de negociación de Harris permitieran que California se quedara con la mayor parte de los $26 mil millones (billones en inglés) del convenio multi-estatal con los bancos sobre los abusos en los embargos.

Estamos de acuerdo con Harris de que este convenio es únicamente el primer paso para mantener a estas poderosas instituciones financieras responsables de esta generalizada campaña de anarquía.

En Oakland hemos visto pertenencias de familias apiladas en las banquetas, demasiadas propiedades inhabitadas convertidas en casas de drogas o cosas peores y demasiados inquilinos responsables que viven en casas bajo ejecución hipotecaria quedarse sin agua o electricidad por semanas o meses. Esta crisis ha afectado a nuestra comunidad entera debido a que los precios de las propiedades se han ido en picada y los recursos de la policía, escuela y otros servicios básicos han sido minados.

Ha habido intentos de absolver a los bancos de la responsabilidad de utilizar prácticas predatorias y engañosas en sus préstamos argumentando que algunas persona compraron casas que no podían pagar durante un periodo en el que el crédito era muy barato o demasiado bueno para ser verdad. Pero los cientos de familias que han venido a la ciudad en los años recientes a participar en los talleres de embargos y los cientos más que han llamado a nuestras oficinas para recibir ayuda, no fueron víctimas de tomar una decisión equivocada. Nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los casi 11,000 embargos ocurridos en Oakland de 2007 a 2011 fueron el resultado de un comportamiento predatorio de agentes de préstamos, un comportamiento fraudulento y engañoso por parte de los bancos, o algún otro tipo de malas prácticas corporativas.

En 2001, las prácticas hipotecarias predatorias altamente extendidas en los vecindarios de la clase trabajadora en Oakland llevaron a que el Concilio de la Ciudad de Oakland aprobara una ordenanza legislativa diseñada  para proteger a los residentes de bajos recursos y de la tercera edad de los préstamos predatorios. Desafortunadamente, en 2005, la Corte Suprema del estado coincidió con una demanda de la industria bancaria y hecho abajo la ordenanza de Oakland, pavimentando el camino para que los prestamistas bombardearan a nuestra comunidad con un mercadeo agresivo y engañoso.

La Procuradora General Harris, nativa de Oakland, demostró un real entendimiento del daño causado por los prestamistas al esperar para conseguir un mejor acuerdo durante los convenios. En última instancia, ella negoció un acuerdo en el que garantiza $12 mil millones (billones en inglés) en reducción de la deuda para los californianos quienes tienen sus casas bajo el agua (deben más de lo que vale la casa) y proveerá cerca de $2,000 a cada familia a quienes sus casas les fueron quitadas – muchas veces sin el proceso legal requerido.

A la insistencia de Harris, el acuerdo también preserva el derecho de California a ir en contra de los bancos en una corte civil debido a los actos criminales o fraudulentos. Harris ya ha iniciado una investigación en conjunto con el procurador general de Nevada a fin de determinar los abusos criminales y civiles de las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por los bancos. Nosotras apoyamos fuertemente una investigación y prosecución agresiva y exhaustiva de las corporaciones e individuos responsables de estos abusos.

También estamos de acuerdo con la decisión de la procuradora general de otorgar una moratoria temporal en la venta de las ejecuciones hipotecarias por Freddie Mac y Fannie Mae. Harris ha demandado a las dos compañías hipotecarias [de las cuales el gobierno es dueño] – las cuales son dueñas de cerca del 60 por ciento de las hipotecas de California – debido a que se han negado a responder preguntas durante la investigación del estado.

Se ha dicho que después de que este acuerdo fue anunciado, una auditoria de 400 embargos en San Francisco mostro que casi todos contenían violaciones claras de la ley o al menos contenían documentación dudosa por parte de los prestamistas.

Nosotras elogiamos a la Procuradora General Harris por destacar estos problemas, y por el momento que le ha dado a California de asegurar que estas compañías encaren consecuencias reales por haber timado a tantas familias y haber desestabilizado toda nuestra economía.