En un audaz alarde de arrogancia burocrática, el gobierno federal está amenazando con usar todo su poder para apoderarse de una calle propiedad del estado cerca de la Crown Beach en Alameda a fin de alojar un desarrollo inmobiliario de hasta 90 casas.     

Y eso no es nada. La propiedad en cuestión no es exactamente un excedente estatal. Es un pequeño estrecho de la Avenida McKay que da acceso al centro interpretativo en Crab Cove, que se ubica en el lado este del más largo tramo de playa publica en la Bahía de San Francisco. La Oficina de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) quiere reclamar el camino para garantizar servicios públicos para el desarrollador Roseville (Placer County) quien presentó una mejor oferta que el Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía por el terreno de 4 acres de lo que se conoce como Neptune Pointe.

El distrito de parques ha esperado adquirir ese terreno federal abandonado a fin de alojar una expansión del parque – fondos para el proyecto fueron incluidos en la Medida WW en el 2008, la cual fue aprobada por más del 70 por ciento de los votantes de los condados de Alameda y Contra Costa.

Para resumirlo: Tenemos a la GSA vendiendo su excedente de parque empresarial a un desarrollador privado por $3 millones, un precio que fue casi el triple de la valoración del distrito de parques, en la suposición de que los parques del estado dieran voluntariamente acceso para servicios en la Avenida McKay. Cuando los parques del estado se opusieron, el gobierno federal amenazó con hacer uso de su poder de dominio pleno de la propiedad.

"Tenemos mucha experiencia en tratar con parques urbanos, desarrolladores y política… pero esto es para que quede registrado en la bitácora”, dijo Bob Doyle director general del distrito de parques regionales. “No hemos podido obtener un solo acuerdo justo desde el primer día”.

La oficina de la Fiscal General del Estado, Kamala Harris recientemente envío una carta enérgicamente redactada al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la amenaza eminente de la GSA de apoderarse de las calles y banquetas de la Avenida McKay.

"Estamos extraordinariamente preocupados por el intento de la GSA de tomar suelo público para el beneficio de un desarrollador privado”, escribió el Vice Fiscal General John Devine.

La carta citó la ley federal que ordena a las agencias que dispongan de excedente de propiedad la cual deberían dar prioridad para los usos públicos y ofrecer [los excedentes de propiedad] a los gobiernos locales y estatales con descuentos hasta “del 100 por ciento”.

El distrito de parques hizo una oferta de $1 millón, un tercio del precio de venta a Tim Lewis Communities, un desarrollador inmobiliario ubicado en Roseville. Funcionarios de la GSA dijeron que necesitaban obtener un valor total del mercado del terreno de 4 acres como parte de la consolidación del proyecto de oficinas que hizo de esa área un excedente.

Doyle dirige algo de su irritación a la ciudad de Alameda por reclasificar el terreno de espacio de oficinas a residencial después de la venta. El distrito de parques ha presentado una demanda en contra de la ciudad por cambiar la zonificación sin un reporte de impacto ambiental.

Sin embargo, el Administrador de la Ciudad de Alameda John Russo calificó la demanda del distrito de parques como “una bazooka en el aire” y un gran desperdicio de dinero de los contribuyentes. Explicó que el cambio de zonificación fue hecho debido a que la propiedad fue adquirida por un desarrollador.

Además, Russo agregó, que la solicitud inicial del desarrollador con la ciudad no irá a ningún lado hasta que la controversia de la Avenida McKay se resuelva.

“Si no tienes acceso, no tienes un proyecto”, agregó, “todos tienen que trabajar juntos para que se resuelva algo”.

Aquí es lo que debería de suceder en el interés público: El trato de la GSA con el desarrollador debería ser nulificado por uno o ambos interesados debido a la falta de acceso. Funcionarios del parque han hecho claro que no darán acceso a la calle a un desarrollador que descarte los planes de expansión y que incluso entre en conflicto con la experiencia de un parque y con sus operaciones. La GSA debería llegar a un acuerdo con el distrito de parques – con un descuento razonable – para facilitar la expansión del parque que los votantes aprobaron de manera abrumadora hace cinco años.

 
Los Miembros del Congreso necesitan no quedarse al margen e inclinarse sobre los burócratas de la GSA a fin de llegar a un acuerdo con los parques regionales. La oficina del fiscal general no debería ser la única voz de alto nivel en contra de que se tome una calle propiedad del estado en beneficio de un desarrollador privado.

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Artículo publicado por San Francisco Chronicle y traducido por Visión Hispana.