Mi Pueblo Foods en el centro de un conflicto de inmigración y sindicalización --- 

“Eso es completamente falso, es una afirmación disparatada”, dice Perla Rodriguez sobre la acusación de que Mi Pueblo pidió la auditoría de inmigración que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. está llevando a cabo en este momento en el mercado.

Rodriguez es la vice presidenta de relaciones públicas de Mi Pueblo, una cadena de supermercados cuya oficina principal se ubica en San Jose, la compañía cuenta con 21 tiendas, 3,200 empleados, y un gran reto – cumplir con el gobierno federal al mismo tiempo que tiene que lidiar con un agresivo sindicato de trabajadores, grupos comunitarios, y un grupo de empleados temerosos.

Una coalición de grupos comunitarios dice que Mi Pueblo pidió la auditoría como un movimiento defensivo en contra de los trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia y Comercial (UFCW, por sus siglas en ingles), el cual desea que los trabajadores de Mi Pueblo se sindicalicen.

“No hay razón para que ninguna compañía pida al gobierno federal hacer eso – hay muchos riesgos involucrados”, menciona Rodriguez.

De acuerdo a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), la agencia no tiene como objetivo a ninguna tienda o compañía en particular, sino que solo investiga cuando recibe una denuncia o una queja por parte del público o de otra agencia.

“ICE escucha las quejas, algunas veces de gente anti-inmigrante”, menciona Rodriguez.

Grupos inmigrantes reaccionaron fuertemente  cuando Mi Pueblo anunció que ha iniciado la implementación del programa federal conocido como E-Verify, programa que verifica la elegibilidad para trabajar de posibles empleados. Mi Pueblo dice que sintió una presión muy fuerte por parte de los agentes de inmigración para inscribirse en el programa poco tiempo después de que la auditoría había comenzado.

“Los agentes de ICE sugirieron que usáramos E-verify y el no utilizarlo podría traer consecuencias negativas”, menciona Rodriguez. “La gente puede ser acusada con cargos criminales e ir a prisión por no seguir los lineamientos de ICE”.

Rebecca Ruiz-Lichter forma parte de la Coalición de Resistencia y Dignidad, un grupo de organizaciones pro-inmigrantes y activistas. Ella no cree  en las declaraciones de la compañía sobre su cooperación con ICE.

“Mi Pueblo está haciendo esto como represalia en contra de esos trabajadores”, menciona Ruiz-Lichter, refiriéndose a los trabajadores quienes han tratado de organizarse como un sindicato por algunos años. Ella dice que los trabajadores quieren ciertas prestaciones, como que les paguen tiempo extra y vacaciones.

“Ellos (Mi Pueblo) necesitan negarse a participar – creemos que ellos están escogiendo trabajar con ICE”, menciona.

“Nosotros no haríamos eso a nuestros trabajadores”, menciona Rodriguez.  “Hemos invertido muchísimo en nuestros trabajadores, entrenándolos, dándoles becas, y algunos han trabajado para nosotros por quince años”.

La polémica relación entre el sindicato (UFCW) y Mi Pueblo durante los últimos quince años está bien documentada. Han sido reiterados los intentos por parte  del sindicato a organizar a los empleados de Mi Pueblo que no han tenido éxito, sin embargo la determinación del sindicato no sea ha visto afectada.

“Mi pueblo representa una importante adición a su membresía e ingresos por ello es que nos tienen como objetivo”, menciona Rodriguez. “Ha pasado con otros negocios y le está pasando a Mi Pueblo en estos momentos. Su objetivo es tener a tanta gente como puedan dentro de sus sindicato y tienen el derecho de hacerlo”.

Rodriguez reconoce el derecho del sindicato a crecer, sin embargo no aprueba sus tácticas. “El sindicato tiene una clara misión – escúchennos, hagan lo que les pedimos, o cierren el negocio”.

El sindicato recientemente emprendió un boicot en contra de Mi Pueblo, pidiendo a la gente no comprar en sus tiendas.

“El boicot reduce las ventas e impacta a los empleados”, menciona Rodriguez. “Dicen que les importan los empleados pero están amenazando nuestro negocio”.

No se sabe por cuánto tiempo se prolongará el boicot, o por cuánto tiempo más continuará la auditoría de inmigración en Mi Pueblo. Cuando la auditoría sea terminada, los agentes del gobierno presentarán una lista de empleados quienes no cuentan con los documentos apropiados para trabajar en Estados Unidos, entonces se le pedirá a Mi Pueblo despedir a esos empleados. Lo que no pasará, de acuerdo a Rodriguez, serán las redadas en las tiendas.  

“Esa es una de las grandes percepciones erróneas allá afuera, pero nadie vendrá a las tienda”, menciona.

De acuerdo a datos del gobierno, ICE ha realizado 9,000 auditorías desde que el Presidente Obama tomó el cargo.

“La administración de Obama ha deportado más del doble del número de personas que las dos administraciones previas”, menciona Ruiz-Lichter. “La coalición no apoya los ataques de Obama a las comunidades inmigrantes – nunca lo ha hecho. Tampoco apoya los ataques de las corporaciones a las comunidades de inmigrantes”.

Quizás la única cosa en que los grupos involucrados están de acuerdo es que es una situación difícil para todos. Encontrar intereses comunes parece ser imposible, a pesar de los deseos que algunos tengan.

“Si la comunidad trabajara junta, podríamos estar trabajando juntos por la reforma migratoria”, menciona Rodriguez. “Entonces quizás resulte una cosa positiva de todo esto”.

Las llamadas a UFCW requiriendo comentarios para este artículo no fueron regresadas.