El condado de Alameda recientemente se convirtió en el cuarto condado del Área de la Bahía en participar en un programa federal de aplicación de leyes migratorias que demanda la verificación de huellas digitales de todos aquéllos registrados en prisiones locales para determinar si son sujetos de deportación. El programa, denominado Comunidades Seguras (Secure Communities), también se adoptó recientemente en el Condado de Contra Costa.
Las huellas digitales de todas las personas registradas en una prisión local están siendo inmediatamente transmitidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia federal que utiliza los datos para identificar y deportar a inmigrantes ilegales. Más de 5,300 huellas digitales de internos del Este de la Bahía han sido enviadas a agentes de inmigración desde principios de abril, las cuales identificaron a cerca de 90 inmigrantes extranjeros con algún tipo de antecedentes penales, 16 de los cuales han sido deportados. La policía en California actualmente toma las huellas digitales de los prisioneros ingresados y envían los datos a una base de datos estatal, la cual se comparte con el FBI. Los agentes migratorios ahora pueden acceder a la misma información. Las autoridades de inmigración detienen a los inmigrantes después de haber sido avisados que sus huellas digitales concuerdan con un registro previo del ICE y son puestos bajo su custodia después de que su caso local se resuelve.
Comunidades Seguras es el segundo procedimiento que ICE está usando en el Condado de Alameda para identificar a inmigrantes registrados en prisiones. Los funcionarios del ICE regularmente visitan prisiones para entrevistar internos nacidos en el extranjero que carecen de número de seguro social para determinar si su estancia en el país es ilegal. Verificar a los internos por sus nombres o su número de seguro social es menos confiable que identificarlos con sus huellas digitales. El ICE declara que “…debido a que la biometría es única y prácticamente imposible de falsificar, esto significa que los delincuentes extranjeros no podrán esconderse tras una larga lista de nombres falsos”.
Comunidades Seguras ha sido criticado por los defensores de los derechos civiles que señalan que su implementación podría llevar a prácticas de perfil racial y la deportación de inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública. El ICE declara que no ha recibido ninguna queja por prácticas de perfil racial relacionada con la estrategia Comunidades Seguras y que la agencia promueve la denuncia de cualquier práctica de perfil racial, violación del debido proceso u otras violaciones de los derechos o libertades civiles relacionadas con el programa. Una declaración que aparece en la página web del ICE señala que “Comunidades Seguras es un sistema que no distingue colores y reduce las posibilidades de que se susciten prácticas de perfil racial o étnico porque las huellas digitales de cada persona detenida y registrada bajo custodia son cotejadas contra los registros migratorios, no sólo con aquéllos que los funcionarios locales remiten manualmente”.
Los defensores de los derechos civiles advierten que la policía puede empezar a arrestar a más latinos por delitos menores que llevarán a una investigación de su estatus migratorio a través de Comunidades Seguras. El programa se encuentra actualmente operando en 18 de los 58 condados de California. Los funcionarios federales planean que todo el país entre al sistema para el 2013. Desde su nacimiento en octubre de 2008, 21,736 correspondencias a nivel nacional identificaron a inmigrantes ilegales acusados o sentenciados por un delito de Nivel 1, como homicidio, violación y secuestro. Cerca de 5,000 inmigrantes ilegales identificados como correspondencias de Nivel 1 han sido expulsados de los Estados Unidos por medio de Comunidades Seguras.