Empleados estatales representados por SEIU Local 1000 se declaran en huelga frente al Capitolio estatal en Sacramento el 21 de octubre de 2026. Foto: Fred Greaves, CalMatters.

Vestidos de morado y sosteniendo carteles con mensajes como "¡Contratos justos ya!" y "Estamos aquí para servir, no para pasar hambre", miles de empleados estatales se manifestaron el miércoles frente a edificios gubernamentales en toda California para protestar por lo que describen como prácticas laborales injustas por parte de la administración del gobernador Gavin Newsom.

La primera huelga de SEIU Local 1000 en sus 44 años de historia se llevó a cabo en varias ciudades, entre ellas Sacramento, San Francisco y Los Ángeles. El sindicato, que representa a unos 100,000 trabajadores, casi la mitad de la fuerza laboral estatal, mantiene negociaciones laborales conflictivas con la administración de Newsom desde que su contrato más reciente venció a finales de junio.

Sus miembros exigen un aumento salarial mayor al ofrecido por Newsom, así como más flexibilidad para trabajar desde casa. Hace apenas un año, Newsom exigió al sindicato reducciones salariales para ayudar a estabilizar una crisis presupuestaria. Los empleados estatales han aceptado recortes salariales en tres de los ocho años que Newsom lleva al frente del estado.

"El presupuesto está equilibrado a costa de los empleados estatales", dijo Anica Walls, presidenta de Local 1000. "Esto simplemente demuestra lo frustrados que están los empleados por la falta de prioridad que se nos da, siendo personas que realmente ayudamos a California a mantenerse como la cuarta economía más grande del mundo", afirmó.

Angela Musallam, portavoz del Departamento de Recursos Humanos de California, que se encarga de las negociaciones laborales en nombre de la administración, dijo que el departamento "sigue centrado en lograr un acuerdo justo y responsable y continúa estando disponible en la mesa de negociación". Ambas partes tienen previsto reanudar las conversaciones de mediación el 30 de octubre.

Ante la huelga, se han modificado o limitado las operaciones de algunos departamentos estatales, incluidas las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y los parques estatales.

Frente al edificio estatal Elihu M. Harris, en el centro de Oakland, los trabajadores marcharon al grito de "Sin contrato, no hay paz". Tocaron tambores, comieron muffins y pizzas de Little Caesars, y celebraron cuando los automovilistas que circulaban por Clay Street hicieron sonar sus bocinas en señal de solidaridad.

Amy Dickinson, asociada de tecnología de la información en la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de Relaciones Industriales de California, dijo que estaba en huelga "porque el estado ha decidido que ni siquiera merecemos que negocien con nosotros".

"No han hecho más que decir 'no' todo este tiempo. Ni siquiera presentan contraofertas; eso no es negociar, es adoptar una postura intransigente", dijo Dickinson, residente de San Leandro.

La congresista demócrata Lateefah Simon, representante federal del área del Este de la Bahía, se dirigió a la multitud en Oakland antes de sumarse brevemente a la marcha.

"Nada sucede sin los trabajadores", dijo Simon. "Quienes dicen que ustedes no merecen justicia salarial no han mirado los precios de los alquileres ni los de los alimentos".

"Hay suficiente para todo lo que están pidiendo. Pero la base de todo es el respeto".

Los sindicatos, incluido Local 1000, tradicionalmente han sido aliados de Newsom. Han contribuido a sus campañas y lo han ayudado a derrotar a sus oponentes republicanos. Sin embargo, la huelga de Local 1000 es la segunda protesta laboral de empleados estatales que ocurre durante su mandato. Anteriormente, la Asociación de Científicos Profesionales de California llevó a cabo una huelga de tres días en 2023.

Además de los aumentos salariales, los miembros de Local 1000 exigen mayores aportes estatales para la cobertura médica y cambios en la política de Newsom que exige trabajar presencialmente en la oficina cuatro días a la semana. Argumentan que esta medida cuesta dinero a los trabajadores y a los contribuyentes, además de aumentar el tráfico y la contaminación.

En Sacramento, Don Chaddock, analista desde hace muchos años del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, llevaba un disfraz de Santa Claus y sostenía un cartel que decía "Newsom + CalHR = Lista de los traviesos". Chaddock, quien durante las fiestas navideñas se ofrece como Santa Claus en escuelas rurales de la zona en donde vive, dijo sentirse frustrado por la política estatal de trabajo presencial, que lo obliga a desplazarse hasta un suburbio al sur de Sacramento.

"No me importa trabajar presencialmente si realmente vamos a hacer algo presencialmente", dijo. "Ahora mismo, conduzco hasta Elk Grove para sentarme en un cubículo".

Rebecca Bean, otra empleada que se opone a la obligación de regresar a la oficina, lo expresó de manera aún más directa: "No estamos pidiendo estupideces".

Bean invierte tres horas al día en desplazarse en transporte público hasta Oakland, donde trabaja como analista en la oficina de relaciones industriales. Dijo que la política ha dificultado el cuidado de su madre enferma, que tiene más de 70 años.

"Cada vez que tiene una emergencia, tengo que salir corriendo y recorrer todo el camino de regreso a casa. Ella no va a ninguna cita médica sin mí", dijo Bean.

Antes de que la política entrara en vigor en julio, Bean programaba las citas al principio o al final de la jornada laboral y solo tenía que ausentarse unas pocas horas.

"En cambio, ahora tengo que reservar al menos cuatro horas para hacer cualquier cosa", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente por calmatters.org y traducido al español por Visión Hispana.