En octubre, el gobernador Brown firmó la AB 131, la segunda parte de la Ley DREAM en California, permitiendo así que los estudiantes que sean inmigrantes indocumentados soliciten apoyos financieros auspiciados por el estado para asistir a la universidad. De conformidad con la ley actual, los estudiantes indocumentados pagan colegiaturas como residentes si se graduaron de una preparatoria de California y declararon que están en vías de solicitar la legalización de su estatus migratorio. A partir del 1 de enero de 2013, dichos estudiantes serán elegibles para solicitar becas Cal Grant y otros apoyos públicos.

De acuerdo con el Departamento de Finanzas de California, cerca de 2,500 estudiantes calificarán para obtener becas Cal Grant como consecuencia de la ley. Se espera que la expansión del programa de becas Cal Grant cueste al estado de $23 millones a $40 millones anualmente.

“Las becas Cal Grant disminuirían el monto que el estudiante pagaría”, señala Richard Ortega, Vicepresidente de Fomento Universitario en la Universidad Holy Names de Oakland. “Hace que el costo sea más asequible para ellos”.

“Esperamos que podamos apalancar el financiamiento estatal para aumentar el apoyo que proporcionamos a los estudiantes”, agregó Ortega. “Son más recursos en la mesa al desarrollar un paquete financiero para el estudiante”.

El estudiante promedio en Holy Names paga únicamente cerca de la mitad de su colegiatura debido al dinero de las becas que la universidad distribuye.

Ortega señala que espera que la aprobación de la Ley DREAM atraiga más estudiantes a la Universidad Holy Names, la cual recientemente se convirtió en una institución de servicio a hispanos y ya está certificada para aceptar estudiantes con becas Cal Grant.

“Nuestra población estudiantil apenas rebasa el 25 por ciento de hispanos – ahora podemos solicitar financiamiento especial para los estudiantes hispanos”.

“Sabemos que un mayor acceso conduce a un mayor número de inscripciones”, menciona Kristen Soares, presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Independientes. “Espero que veamos una mayor matricula ahora que los estudiantes y sus familias saben que tienen la opción de poder pagar una educación universitaria”.

Debido a la falta de políticas nacionales, muchos estados han tomado sus propias medidas respecto de reformas en materia de inmigración. Actualmente, Alabama requiere a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes y otorgó a la policía el derecho de detener a cualquier persona que no cuente con los documentos que prueben su ciudadanía. Sin embargo, Illinois aprobó su propia Ley DREAM en agosto, otorgando así a los estudiantes indocumentados acceso a financiamientos educativos privados. En comparación, la ley de California es especialmente significativa porque es el estado más grande de la nación y es hogar de muchos más residentes indocumentados que cualquier otro estado. También es la primera ley que usa fondos públicos para apoyar a los estudiantes indocumentados.

La controversial ley es el acto de perfil más alto realizado para expandir el acceso de los estudiantes indocumentados a la educación superior después de que una ley federal DREAM, que otorgaría a los estudiantes indocumentados un camino para obtener un estatus de residencia permanente a corto plazo, no consiguiera suficiente apoyo en el Congreso el año pasado.