Por Gabriel Roth
La controversia acerca de la emisión de licencias de conductor para los inmigrantes ilegales pasa por alto una posible solución: permitir a las compañías aseguradoras de automotores examinar y "licenciar" a dichos individuos.
El problema es que las licencias de conducir emitidas por el gobierno sirven a muchos propósitos además de certificar el conocimiento y la competencia del conductor. Son utilizadas como documentos de identidad, lo que no solamente proporciona un camino hacia los servicios sociales, la votación y la ciudadanía sino que también le otorga al titular acceso a edificios públicos e instalaciones de transporte que exigen una identificación.
Autorizar a las compañías de seguros a examinar y otorgar licencias a los conductores y vehículos eliminaría estos pro-blemas. Un permiso de manejo emitido por un asegurador o una organización afiliada a la industria del seguro no conce-dería un camino a la ciudadanía y no podría ser utilizado como un documento de identidad. Pero mejoraría la seguridad.
Esta no es una idea descabe-llada. Colocar la responsabilidad sobre los aseguradores es algo común en el transporte marítimo, por ejemplo, donde al seguridad es tomada seria-mente - y los barcos y oficiales navales son examinados y licenciados por Lloyds de Londres y otras compañías de seguros. En virtud de que podrían ser considerados responsables por cualquier daño causado o padecido por aquellos a los que licencian, los aseguradores tendrían incentivos convincentes para mantener alejados de los caminos públicos a los conductores y vehículos que no sean seguros y probablemente lo harían mejor que las agencias gubernamentales que actualmente son responsables.
Por ejemplo, un informe de octubre de 2007 producido por la Oficina de Auditorias Legislativas de Maryland determinó que el nivel de respon-sabilidad y cumplimiento de la Administración de Vehículos Motores (MVA por sus siglas en inglés) del estado era "insatisfactorio" ya que la documentación requerida no siempre era obtenida para licencias emitidas y que eran otorgadas licencias de conducir incluso a personas fallecidas.
El informe estaba particularmente preocupado respecto de la implementación del programa del Interruptor de Encendido del Motor de Maryland, el cual exige que aquellos condenados por conducir ebrios tengan sus vehículos equipados con dispositivos que les impidan ponerlos en marcha sí son detectados niveles excesivos de alcohol.
Mientras el personal de la MVA de Maryland falló en aplicar adecuadamente este programa, ¿puede usted imaginar a una compañía de seguros, con decenas de millones de dólares en riesgo, fracasar en hacer cumplir un elemento disuasivo así de importante?
En su informe de 2000 "Sin licencia para matar," la AAA Foundation for Traffic Safety demostró que la incapacidad de Maryland para controlar el manejo sin licencia no era singular.
Según el informe, el porcentaje de conductores sin licencia en los años 90 variaba del 6 por ciento en Maine al 23 por ciento en Nuevo México. Se descubrió que los conductores sin licencia eran casi cinco veces más proclives a estar involucrados en choques fatales que los automovilistas licenciados, y el 20 por ciento de todos los accidentes fatales involucraban al menos a un conductor sin una licencia válida.
La evaluación y el licen-ciamiento por parte de las aseguradoras podría así mejorar la seguridad y reducir el número de conductores sin licencia en nuestras rutas, sin perpetuar los problemas políticos creados por el licenciamiento gubernamental de los inmigrantes ilegales.
Podría ayudar también a resolver otra controversia: permitir a los camiones mexicanos operar en las autopistas del país. Sí las aseguradoras asumen la responsabilidad del examen, licenciamiento y seguro de los vehículos y conductores extranjeros, los usuarios estadouniden-ses de carreteras tendrían menos motivos para preocuparse.
lgunos podrían objetar el otorgamiento de licencias por parte de las aseguradoras sobre la base de que daría un poder excesivo a las compañías de seguros, las cuales tratarían de maximizar sus ganancias asegurando solamente a los riesgos más bajos. Pero mientras exista competencia entre las aseguradoras, los solicitantes rechazados por una compañía podrían ir a otra, y las pólizas tenderían a ser otorgadas allí donde los riesgos estuviesen cubiertos por las primas.
El otorgamiento de licencias de conducir a los inmigrantes ilegales no debería ser el origen de tanta controversia. Puede ser resuelto mediante la creación de opciones alternativas de licen-ciamiento que coloquen la responsabilidad justa y completamente donde corresponde: en manos de las aseguradoras responsables.
Gabriel Roth es consultor en materia de transporte y privatizaciones e Investigador Asociado en The Independent Institute, donde se encuentra dirigiendo un libro sobre los roles del sector privado en la provisión de carreteras.