La vida tal como la conocía terminó para Matt Capelouto dos días antes de Navidad en 2019, cuando encontró a su hija de 20 años, Alexandra, muerta en la habitación de su infancia en Temecula, California. La ira superó al dolor cuando las autoridades dictaminaron que su muerte fue un accidente.

La estudiante de segundo año de la universidad, en casa durante las vacaciones, había tomado media pastilla que compró a un distribuidor en Snapchat. Resultó ser fentanilo, el poderoso opioide sintético que ayudó a que las muertes por sobredosis de drogas en los EE.UU. ascendieran a más de 100,000 el año pasado. “Fue envenenada y no le iba a pasar nada a la persona que lo hizo”, dijo Capelouto. “No podría soportar eso”.

El moderado político como se describe a sí mismo dijo que la experiencia lo hizo cínico sobre la renuencia de California a imponer sentencias severas por delitos de drogas.

Así que Capelouto, el padre suburbano que una vez dedicó todo su tiempo a administrar su imprenta y criar a sus cuatro hijas, lanzó un grupo llamado Homicidios Inducidos por Drogas y viajó desde su casa a Sacramento en abril para cabildear por una legislación conocida como “Ley de Alexandra”. El proyecto de ley habría facilitado que los fiscales de California condenaran a los vendedores de drogas letales por cargos de homicidio.

La organización de Capelouto es parte de un movimiento nacional de padres de familia convertidos en activistas que luchan contra la cada vez más mortal crisis de las drogas, y están desafiando la doctrina de California de que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal. Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que provocó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victimas de Drogas Ilícitas y la Fundación Alexander Neville buscan aumentar la conciencia pública e influir en la política de drogas. Un grupo, Madres contra las Muertes por Drogas, rinde homenaje a MADD tomando prestadas sus siglas.

Los grupos presionan a los legisladores estatales para que impongan sanciones más estrictas a los distribuidores y a las empresas de tecnología de cabildeo para permitir que los padres controlen las comunicaciones de sus hijos en las redes sociales. Colocan carteles publicitarios que culpan a los políticos por la crisis de las drogas y organizan protestas contra los mercados de drogas al aire libre en Venice Beach de Los Ángeles y el vecindario Tenderloin de San Francisco.

“Este problema se resolverá con los esfuerzos de base de las familias afectadas”, dijo Ed Ternan, quien dirige el grupo Song for Charlie, con sede en Pasadena, que se enfoca en educar a los jóvenes sobre los peligros de las píldoras falsificadas.

Muchos padres se movilizaron después de una ola de muertes que comenzó en 2019. A menudo, se trataba de estudiantes de secundaria o universitarios que pensaban que estaban tomando OxyContin o Xanax comprados en las redes sociales, pero en realidad estaban ingiriendo pastillas que contenían fentanilo. La droga llegó por primera vez a la costa este hace casi una década, en gran parte a través del suministro de heroína, pero desde entonces los cárteles mexicanos de la droga han introducido productos farmacéuticos falsificados mezclados con el polvo altamente adictivo en California y Arizona para atraer nuevos clientes.

En muchos casos, las víctimas de sobredosis son estudiantes sobresalientes o atletas estrella de los suburbios, lo que da lugar a un ejército de padres educados y comprometidos que desafían el silencio y el estigma que rodea a las muertes por drogas.

Ternan no sabía casi nada sobre el fentanilo cuando su hijo de 22 años, Charlie, murió en el dormitorio de la casa de su fraternidad en la Universidad de Santa Clara unas semanas antes de que se graduara en la primavera de 2020. Los familiares determinaron a partir de los mensajes en el teléfono de Charlie que tenía la intención de comprar Percocet, un analgésico recetado que había tomado después de una cirugía de espalda dos años antes.

Ternan descubrió una serie de muertes similares en otras comunidades de Silicon Valley. En 2021, 106 personas murieron por sobredosis de fentanilo en el condado de Santa Clara, frente a las 11 de 2018. Las muertes incluyen a un estudiante de segundo año de la Universidad de Stanford y una niña de 12 años en San José.

Con la ayuda de dos ejecutivos de Google que perdieron a sus hijos a causa de las píldoras mezcladas con fentanilo, Ternan convenció a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas de redes sociales para que donaran espacios publicitarios a las advertencias sobre medicamentos falsificados. La presión de los grupos de padres también ha impulsado a Snapchat, con sede en Santa Mónica, a implementar herramientas para detectar la venta de drogas y restricciones diseñadas para dificultar que los traficantes se dirijan a los menores.

Desde los primeros días de la epidemia de opiáceos, las familias de las personas que se enfrentan a la adicción y de las que han muerto por sobredosis se han apoyado mutuamente en las iglesias y en las plataformas en línea desde Florida hasta Oregón. Ahora, las organizaciones familiares que surgieron de la crisis del fentanilo en California han comenzado a cooperar entre sí.

Una crítica de las políticas progresistas de California es Jacqui Berlinn, una empleada de procesamiento legal en el Este de la Bahía, quien inició Mothers Against Drug Deaths, un nombre que eligió como homenaje a los logros de la fundadora de Mothers Against Drunk Driving, Candace Lightner, ama de casa de Fair Oaks cuya hija de trece años de edad, fue asesinada en 1980 por un conductor bajo la influencia del alcohol.

El hijo de Berlinn, Corey, de 30 años, ha consumido heroína y fentanilo durante siete años en las calles de San Francisco. “Mi hijo no es basura”, dijo Berlinn. “Merece recuperar su vida”.

Ella cree que la decisión de la ciudad de no penalizar a los traficantes ha permitido que florezcan los mercados de narcóticos al aire libre en ciertos vecindarios y ha permitido el consumo de drogas, en lugar de alentar a las personas que enfrentan adicciones a buscar ayuda.

En abril, el grupo de Berlinn gastó $25,000 para erigir un cartel publicitario en el exclusivo distrito comercial de Union Square. Sobre una resplandeciente toma nocturna del puente Golden Gate, el letrero dice: "Famosos en todo el mundo por nuestros cerebros, belleza y, ahora, fentanilo muy barato".

El mes pasado, el grupo instaló un anuncio a lo largo de la Interestatal 80 en dirección a Sacramento que apunta al gobernador demócrata Gavin Newsom. Reproduciendo la señalización utilizada en los parques, el anuncio presenta un saludo de "Bienvenido al Campamento Fentanyl" sobre una fotografía de un campamento de indigentes. El grupo dijo que un anuncio publicitario móvil también rodeará el Capitolio estatal por un período no revelado.

Mothers Against Drug Deaths está pidiendo más opciones y fondos para el tratamiento de drogas y más arrestos de traficantes. Este último marcaría un giro brusco del evangelio de la "reducción de daños", un enfoque de salud pública adoptado por funcionarios estatales y locales que considera que la abstención es poco realista. En cambio, esta estrategia exige ayudar a las personas que enfrentan adicciones a mantenerse seguras a través de intercambios de agujas y naloxona, un fármaco para revertir la sobredosis que ha salvado miles de vidas.

El movimiento de padres de familia se hace eco de los esfuerzos de destitución que se llevan a cabo en dos ciudades importantes. Los fiscales progresistas Chesa Boudin en San Francisco y George Gascón en Los Ángeles se han alejado de encarcelar a los traficantes callejeros, a lo que llaman un juego sin sentido que castiga a las minorías pobres.

Los legisladores de California temen repetir los errores de la era de la guerra contra las drogas y han bloqueado una serie de proyectos de ley que endurecerían las sanciones por la venta de fentanilo. Dicen que la legislación lograría poco además de llenar las cárceles y prisiones del estado.

“Podemos encarcelar a la gente por mil años, y no evitará que la gente consuma drogas, y no evitará que muera”, dijo el senador estatal Scott Wiener (D-San Francisco). “Lo sabemos por experiencia”.

Algunos padres están de acuerdo. Después de ver a su hijo entrar y salir del sistema de justicia penal por cargos menores de drogas en la década de 1990, Gretchen Burns Bergman se convenció de que acusar a las personas por delitos menores de drogas, como la posesión, es contraproducente.

En 1999, el productor de desfiles de moda de San Diego inició A New Path, que ha abogado por la legalización de la marihuana y el fin de la ley de “tres strikes” de California. Una década más tarde, formó Moms United to End the War on Drugs, una coalición nacional. Hoy, sus dos hijos se han recuperado de la adicción a la heroína con la ayuda de un “apoyo compasivo” y trabajan como consejeros de drogas, dijo.

“He estado en esto el tiempo suficiente para ver el movimiento del péndulo”, dijo Burns Bergman sobre las opiniones cambiantes del público sobre la aplicación de la ley.

En diciembre, Brandon McDowell, de 22 años, de Riverside, fue arrestado y acusado de vender la tableta que mató a la hija de Matt Capelouto. McDowell fue acusado de distribuir fentanilo con resultado de muerte, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal.

Aunque la Ley de Alexandra no logró salir del comité, Capelouto señaló que años de cabildeo se dedicaron a la aprobación de leyes más estrictas sobre conducir en estado de ebriedad. Prometió no renunciar al proyecto de ley que lleva el nombre de su hija, que escribía poesía y amaba a David Bowie.

“Voy a estar de vuelta frente a ellos”, dijo, “todos los años”.

El artículo fue traducido por el periódico Visión Hispana y publicado originalmente por Kaiser Health News.