En 2001 California comenzó a permitir que los graduados indocumentados de las escuelas preparatorias (high school) de California, o quienes tienen un certificado de GED y que han asistido al menos tres años de preparatoria en el estado, califiquen para pagar las cuotas de matrícula estatal en las universidades públicas.
Anteriormente debían pagar las tasas de estudiantes de fuera del estado que son mucho más altas. Aquellos que se inscribieron en virtud de esa ley se conocieron como estudiantes AB 540, llamados así por el proyecto de ley que creó dicho beneficio.
Más de una década después, en 2012, el estado comenzó a permitir que las universidades públicas de California otorgaran becas privadas y financiamientos no estatales para estudiantes elegibles AB 540. Un año más tarde, el estado promulgó lo que se conoce como el California DREAM Act para permitir que esos mismos alumnos solicitaran ayuda financiera con fondos del estado como los subsidios Cal Grants.
Tras la firma reciente de las órdenes ejecutivas, por el Presidente Donald Trump, referentes al tema migratorio se ha creado un clima de confusión y miedo entre los Dreamers y sus familias. Lo que ha motivado la reducción del número de estudiantes que solicitan esta ayuda financiera. Hasta el momento la Comisión de Ayuda a Estudiantes de California (CSAC) había recibido cerca de 20,000 solicitudes, casi 60 por ciento por debajo de las 34,000 solicitudes recibidas el año pasado. Es de mencionar que la California Dream Act no está relacionada con el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
El Superintendente de Educación Pública de California, Tom Torlakson ha urgido a estudiantes elegibles a enviar su solicitud, que permite a los estudiantes indocumentados recibir ayuda financiera estatal para asistir al colegio.
“Envíen su solicitud de inmediato”, dijo Torlakson en un comunicado. “La California Dream Act es clave para tener éxito en el colegio y en las profesiones del siglo 21. Sería una vergüenza que el miedo o la confusión detuviera a los estudiantes de hacer su solicitud para recibir la ayuda financiera que se han ganado y que se merecen”.
Sin embargo, la comunidad se cuestiona sobre la seguridad de que su información se encuentre en las bases de datos del departamento de educación estatal ya que tienen miedo de que estas bases de datos sean compartidas con el gobierno federal.
"Hay una larga historia y tradición de no compartir información entre un organismo y otro y entre un organismo estatal y uno federal que se ocupa del estatus migratorio", dijo Bill Hing, profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración y Deportaciones en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Francisco. "No hay nada que obligue a entregar información solo porque el gobierno federal lo pide".
Hing, además dijo que no hay ninguna ley federal que requiera que las universidades entreguen información especial acerca de los estudiantes. Pero también dijo que eso no quiere decir que las leyes no van a cambiar bajo la nueva administración.
CSAC asegura que tomará las precauciones legales disponibles a fin de proteger la información de los solicitantes, la cual es utilizada únicamente para determinar la elegibilidad de ayuda financiera estatal y (la información) no es compartida con ninguna otra agencia del gobierno.
Sin importar lo que suceda a nivel federal, la ayuda financiera estatal para los Dreamers es legal en California, mencionó Torlakson. El estudiante Dreamer no necesita ser certificado DACA para ser elegible para educación publica o ayuda financiera estatal. El perder estatus DACA tampoco afecta la elegibilidad de ayuda financiera estatal. La fecha límite para enviar solicitud es el 2 de marzo.
Para más información de cómo enviar una solicitud para obtener una beca llamar a 916-464-8271 o 916-323-6398.