Por Ivan Eland

Cuando recientemente la Corte Suprema falló que la pena de muerte por violar a un niño era inconstitucional, los Jueces se basaron en la justificación de que era contraria a los “cambiantes estándares de decencia” en virtud de los cuales el Tribunal aplica la pena capital.

Esa conclusión estaba basada en la creencia de la Corte de que el gobierno federal y 44 estados, incluidos 30 estados que tienen la pena de muerte, no imponen esa sanción para los casos de violaciones de niños. Lamentablemente, esa información era errónea. En 2006, el Congreso modificó el Código Uniformado de Justicia Militar a efectos de incluir la violación de niños en la lista de crímenes que cumplen los requisitos para la pena de muerte.

A pesar de este específico percance, sin embargo, en general la opinión de la sociedad estadounidense se ha ido apartando de la pena de muerte en los últimos tiempos. Este cambio de ánimo ha estado principalmete motivado por más de cien personas condenadas a muerte que fueron exoneradas de los crímenes de los cuales se las acusaba, en la mayoría de los casos mediante una prueba de ADN. La opinión pública está empezando a darse cuenta de que el gobierno a veces puede acusar a la persona equivocada y que así lo hace, aún por delitos graves.

Las exoneraciones basadas en el ADN y el accionar del gobierno a tientas y ciegas le han demostrado al público que existe un potencial para ejecuciones erróneas—equivocaciones que no se pueden enmendar si surge nueva evidencia.

Además, las minorías son más proclives a recibir la pena de muerte que los blancos por el mismo crimen, y le cuesta menos a la sociedad enviar a prisión de por vida a los violadores de niños y asesinos que pagar por todas las apelaciones legales que una sociedad civilizada exige en el camino hacia la cámara de ejecución.

A pesar de todo, la pena de muerte puede que sea constitucional. En la época de la fundación de la nación, la pena de muerte era empleada, y los “crímenes capitales” se encuentran mencionados en la Quinta Enmienda a la Constitución. Además los Padres Fundadores no parecían considerar que la muerte era un castigo cruel y desusado del mismo modo que tampoco era visto así por la mayor parte de la gente en los casos de defensa propia.

Las implicaciones de una matanza gubernamental de sus propios ciudadanos por venganza, disuasión o cualquier otro motivo, no obstante, son de lejos mucho más grandes que cuando los individuos matan en defensa propia. El gobierno es mucho más poderoso que los individuos y por lo general posee pobres estructuras de incentivos comparadas con las de los ciudadanos individuales. Si se le permite al gobierno matar a los criminales, sin importar cuán atroces sean los crímenes que hayan cometido, entonces el precedente puede siempre ser ampliado para matar a los ciudadanos respetuosos de las leyes por razones políticas. Los gobiernos están especialmente inclinados a hacer esto cuando se encuentran librando guerras—reaccionando a la paranoia de que el enemigo está en todas partes.

Por lo tanto, si bien la pena capital puede ser constitucional, sigue siendo una mala política por varios motivos. Pero la razón más importante es el potencial para el abuso por parte del gobierno.

Ivan Eland es Asociado Senior y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.