Mientras la superpotencia estadounidense se ha inmiscuido en diversas y lejanas naciones alrededor del globo en nombre de mejorar su seguridad, con anterioridad al “11 de septiembre”, ha ignorado una amenaza mucho más próxima al país. En los últimos años, la administración Bush

despreocupadamente inculpó a México por el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos y virtualmente ignoró la enardecida violencia que involucraba a los carteles de la droga mexicanos al sur de la frontera. Esa violencia rampante está ahora ingresando en los Estados Unidos bajo la forma de crimen. Una vez más, la administración Bush le ha pasado un bebé de alquitrán a la administración Obama.

En vez de meramente culpar a México por el problema, la administración Obama ha reconocido que la demanda por 65 mil millones de dólares al año de drogas ilegales en los Estados Unidos es parte del problema. En verdad, es la mentora del problema.

Desafortunadamente, pese a admitir que los Estados Unidos comparten la culpa por el problema debido a que su floreciente demanda es el punto de partida, la administración Obama está todavía concentrada en la ya largamente fracasada política del gobierno de los EE.UU. de prohibir la oferta de drogas. La administración enviará a casi 500 agentes federales al sur de la frontera, acompañados de más vigilancia electrónica y máquinas de rayos x, y también se concentrará en detener el flujo de armas y de decenas de miles de millones de dólares en pagos destinados a los proveedores del sur. El año pasado, los funcionarios estadounidenses fueron capaces de confiscar menos de 1,000 millones en concepto de ingresos provenientes de las drogas ilícitas de los 18 a 39 mil millones estimados que son reenviados a México. Incluso seguramente tendrá lugar más espionaje sobre las cuentas bancarias de los estadounidenses, en lo que indudablemente constituirá un fútil esfuerzo para incrementar de manera apreciable el porcentaje decomisado.

La nueva política de Obama guarda analogía con un alcohólico que admite tener un problema con la bebida, pero que culpa a los distribuidores de cerveza y procura que sean arrestados. La analogía con el alcohol puede ir aún más allá. Según el Departamento de Justicia, actualmente la mayor amenaza del crimen organizado en los Estados Unidos es la presencia de los carteles de la droga mexicanos en 230 ciudades de los EE.UU.. De manera similar, en los Estados Unidos, el crimen organizado tuvo un gran auge con la prohibición del alcohol en las décadas de 1920 y 1930.

Por lo tanto, si se ha fracasado al ocuparnos tanto de la oferta como de la demanda, ¿por qué no intentar un enfoque novedoso y contra-intuitivo como el que favorecen muchos economistas? ¿Por qué no legalizar a las drogas para los adultos mayores de 21 años?

¿Suena radical? ¿Incluso alocado? He aquí la lógica. La elaboración de dichas drogas es barata. El motivo por el cual son tan costosas es debido a que por la producción, el transporte y la venta de drogas se corre el riesgo de arresto, tiempo en prisión e incluso lesiones o la muerte. El crimen tiene lugar en virtud de que las sustancias son ilícitas, la gente adquiere armas para protegerse y luego las utiliza para pelear contra otros carteles de la droga competidores por las enormes ganancias o para cometer delitos a fin de pagar los altos precios generados porque las drogas son ilegales.

La legalización de las drogas para los adultos lo convertiría en un negocio común y los precios y las ganancias caerían dramáticamente, dando lugar de ese modo a muchos menos crímenes entre los productores, traficantes y usuarios. Si el precio cae, más individuos podrían probar drogas, pero el dinero puede ser mejor utilizado en campañas educativas y tratamientos antes que en estrictas leyes y sanciones sobre narcóticos y agentes gubernamentales, aparatos y muros fronterizos mejorados en lo que ha sido un esfuerzo inútil de varias décadas para contener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Después de todo, dado que las drogas resultan baratas de elaborar, los productores de drogas simplemente estiman que entre el 10 y 15 por ciento será decomisado por las autoridades pertinentes y simplemente producen más para compensar esas cantidades.

Además, los Estados Unidos poseen la mayor población carcelaria del mundo, pero muchos de esos individuos—encarcelados en su gran mayoría por delitos relacionados con las drogas—no deberían estar presos en primer lugar. ¿No tendría toda persona adulta que ser capaz de tomar sus propias decisiones acerca de qué sustancias introducir en su cuerpo? El consumo de la mayoría de las drogas ilegales no es saludable, pero ¿por qué el gobierno debería inmiscuirse en la regulación del comportamiento personal de los adultos? Reservemos a las celdas para los verdaderos criminales: asesinos, violadores, ladrones, pedófilos y aquellos que venden drogas ilegales a menores de edad. El enviar a prisión a vendedores y consumidores de drogas habituales lo único que provoca es que los contribuyentes gasten gran parte del dinero que obtuvieron duramente generando criminales experimentados.

A eso se debe que México sea tan importante. Alrededor del 90 por ciento del tráfico estadounidense de drogas fluye desde allí debido a que México linda con los Estados Unidos, uno de los mayores mercados para las drogas ilegales en el mundo. México está siendo desestabilizado por una draconiana política estadounidense sobre las drogas, y esa inestabilidad está retornando a los Estados Unidos y generando una amenaza a la seguridad nacional bajo la forma de crimen importado. Esta es un área en la que la política interna de los EE.UU. está lesionando sus políticas exterior y de seguridad. Legalizar a las drogas para los adultos en el país volvería México, un vecino importante, más estable y a los Estados Unidos más seguros.

Ivan Eland es Senior Asociado y Director del Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.