Teniendo en cuenta el masivo llamado a revisión de Toyota por problemas con los aceleradores, ¿en quién deberían confiar los consumidores para que los proteja de los productos inseguros—el gobierno o el libre mercado?
Si respondió el gobierno, usted probablemente forma parte de la mayoría. Usted también está equivocado. El mercado funciona mucho mejor. E incluso los masivos llamados a revisión de productos deberían verse no como ejemplos de fallas del mercado,
sino como signos de que los mercados funcionan como deben hacerlo.Considérense los diversos incentivos del sector privado y del gobierno en este caso.
Un mercado que funciona es aquel en cual las empresas fabrican productos que satisfacen las demandas de los consumidores. Cuando las empresas elaboran productos que son peligrosos o ineficaces, se arriesgan a perder clientes y dinero.
El hecho de que el llamado a revisión de noviembre de 2009 de 3.8 millones de vehículos fue iniciado por Toyota—mientras que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) se negó a reabrir una investigación cerrada sobre posibles defectos de Toyota—resalta el incentivo del sector privado para compensar los problemas detectados. Los llamados a revisión voluntarios en todo el mundo por parte de Toyota lo confirman.
Si bien ninguna empresa es perfecta, las corrección de los errores cuando ellos se producen es una parte necesaria del hecho de hacer negocios—y necesaria para que un mercado funcione correctamente.
Otras organizaciones y empresas privadas también tienen un incentivo para proporcionar información fiable, precisa y oportuna sobre la calidad y seguridad del producto. Estos servicios son una parte necesaria del proceso de mercado.
Los clientes confían en estas organizaciones cuando adquieren tostadoras, televisores e incluso automóviles Toyota.
El libro azul de Kelley, por ejemplo, se ha ganado la reputación de ser la fuente más confiable de información sobre los precios de los automóviles en los Estados Unidos. Recientemente la compañía redujo en dos ocasiones en una misma semana los valores de los vehículos Toyota que fueron revisados, lo que refleja su evaluación independiente de la magnitud de los problemas. Medidas inexactas de parte de Kelley podrían costarle a la empresa futuros negocios—un incentivo que debería dar confianza a los clientes sobre la exactitud e independencia de la información de Kelley.
¿Pero deberían confiar en estas mismas organizaciones cuando los productos resultan ser defectuosos o peligrosos? ¿Y son ellas más confiables que el gobierno?
Compárense la NHTSA y la Unión de Consumidores, las cuales tienen poco más de 600 empleados. La agencia gubernamental le cuesta a los contribuyentes unos 870 millones dólares anuales, mientras que la Unión de Consumidores no le cuesta nada a los contribuyentes y, de hecho, genera más de 200 millones de dólares anuales en concepto de ingresos.
La Unión de Consumidores ofrece servicios gratuitos, como el sitio en Internet consumerreports.org, donde se encuentran disponibles actualizaciones sobre la seguridad de los productos y los llamados a revisión, así como productos de primera calidad, como la revista Consumer Reports.
Las organizaciones privadas como la Unión de Consumidores deben mantener una reputación de precisión e integridad. Si no lo hacen, pierden el apoyo, la credibilidad y los ingresos. Las agencias gubernamentales no deben pasar ninguna prueba del mercado. De hecho, a menudo es el fracaso lo que se recompensa con presupuestos más grandes, empleados adicionales y más autoridad de investigación o reguladora. Su incentivo, por lo tanto, es el de exagerar los problemas.
Los políticos tienen otros incentivos. Entre los legisladores que investigan el llamado a revisión de Toyota se encuentran el senador demócrata Jay Rockefeller, quien admite el cabildeo a Toyota para que construya una planta en su estado, Virginia Occidental y el representante Darrell Issa, republicano de Vista, que aún se desempeña en la junta de la compañía de alarmas para autos que fundó, la cual vende alarmas a Toyota. Estos legisladores tienen un interés creado en el bienestar de la empresa, lo que genera un conflicto de intereses. Los legisladores en el otro extremo pueden simplemente estar buscando aparecer en los titulares.
Los incentivos para las empresas privadas son los de resolver los problemas cuando son descubiertos—o socavar la marca y sufrir financieramente. Las organizaciones privadas, como Kelley o la Unión de Consumidores, tienen incentivos similares, ya que lucran proporcionando evaluaciones imparciales de los productos. Estas organizaciones tienen una reputación que proteger y enfrentan significativas sanciones si se equivocan.
Los incentivos gubernamentales—más allá de hacer lo correcto, que es lo que la mayoría de los empleados del gobierno desea hacer—a menudo se contradicen con su misión.