Los californianos apoyaron abrumadoramente la Propuesta 36 para alargar las sentencias penales por ciertos delitos de robo y drogas, y para dirigir a más personas a tratamientos contra las drogas después de las condenas. Las opiniones de los votantes cambiaron sobre la seguridad pública después de la pandemia de COVID-19.

Desde sus teléfonos y sus pantallas de televisión y, a veces, desde sus ventanas, los californianos vieron cómo su estado cambiaba rápidamente durante la pandemia. El número de personas sin hogar aumentó y siguió creciendo. Las sobredosis fatales de fentanyl se dispararon. Los robos violentos durante el día pasaron de TikTok a los noticieros nocturnos. 

Una constelación de agentes del orden, fiscales y grandes minoristas insistieron en que la causa era simple: el castigo no era lo suficientemente severo. 

Propusieron una medida que elevaba algunos delitos menores a la categoría de delitos graves y creaba vías para obligar a las personas renuentes a someterse a un tratamiento por abuso de sustancias. Esa medida, la Proposición 36, se aprobó por abrumadora mayoría el martes por la noche. La primera hora del miércoles tenía una ventaja del 70 por ciento frente al 30 por ciento.

La medida deroga algunos de los cambios que los votantes hicieron con una propuesta electoral de 2014 que convertía ciertos delitos no violentos en delitos menores, acortando así las sentencias de prisión. En medio de los cambios visibles que la pandemia ha provocado en California, con el número creciente de campamentos de personas sin hogar, las tiendas Nordstrom saqueadas y los patios ferroviarios invadidos, los críticos de esa iniciativa anterior finalmente encontraron el clima adecuado para revertir la ley. 

La estrategia que se encuentra en el centro de la Proposición 36 todavía es un tema de debate. Sus oponentes dicen que las sentencias más severas nunca serán un elemento disuasorio eficaz contra el crimen. Gran parte de la ciencia, financiada también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los respalda.

Pero la victoria de la Proposición 36, a pesar de la oposición del gobernador y de la mayoría de los líderes demócratas del estado, no se trata de lo que la gente sabe, sino de lo que vio. 

Que la Propuesta 36 se aprobaría ha estado bastante claro desde finales del verano, cuando los intentos desesperados del gobernador Gavin Newsom de adelantarse a la medida con otros proyectos de ley contra los delitos minoristas no lograron desviar fondos de la Propuesta 36 ni mantenerla fuera de la votación. Entonces, ¿cómo fue que los californianos, que apoyaron sentencias más indulgentes bajo la Proposición 47 de 2014, llegaron a apoyar una medida más dura contra el delito una década después?

“Lo que podríamos estar viendo es evidencia de una corrección del rumbo de un largo camino de esfuerzos de reforma de la justicia penal”, dijo Magnus Lofstrom, director de políticas de justicia penal en el Instituto de Políticas Públicas de California. La Proposición 36 “se enfoca en el crimen y los problemas sociales que la gente puede ver: robos en tiendas minoristas, más mercadería cerrada con llave, más videos virales (de robos) y luego los medios hablando de todo eso”. 

Son esos problemas visibles, dijo Lofstrom, los que pueden cambiar rápidamente la opinión de los votantes. Eso también incluye los crecientes campamentos de personas sin hogar en las aceras, junto con el consumo público de drogas. 

Durante la pandemia, la tasa de hurtos y robos en comercios se disparó, especialmente en los condados de Los Ángeles, Alameda, San Mateo y Sacramento. A nivel estatal, el instituto descubrió que los hurtos denunciados en comercios de mercancías con un valor de hasta 950 dólares aumentaron un 28% en los últimos cinco años. Ese es el nivel más alto observado desde el año 2000. 

Al combinar los hurtos en tiendas con los robos en comercios, los investigadores del instituto descubrieron que el total de robos denunciados fue un 18% mayor que en 2019. 

“Los votantes de California se han pronunciado con claridad sobre la triple epidemia de robos en comercios, falta de vivienda y sobredosis fatales de drogas que azotan nuestro estado”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan. “Al apoyar la Proposición 36, dijeron sí al tratamiento. Dijeron sí a la rendición de cuentas. Y dijeron sí a poner el sentido común por delante del partidismo, para que podamos poner fin al sufrimiento en nuestras comunidades”.

Los californianos aún quieren rehabilitación para los presos

La Proposición 36 gastará cientos de millones de dólares en costos judiciales y penitenciarios, dicen, sin reducir de manera mensurable el crimen ni la pobreza.

“Somos conscientes de que ha habido un cambio en el ambiente en torno a la reforma legal penal”, dijo Priscilla Ocen, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y ex fiscal general adjunta especial del Departamento de Justicia de California. 

“Existe una frustración porque, además de ver a personas sin hogar en las calles de manera habitual, hay sentimientos de inquietud”, dijo Ocen.  

Las encuestas de finales de septiembre mostraron que había tantos votantes probables que estaban a favor de ampliar el tratamiento y la rehabilitación como aquellos que abogaban por sentencias más severas. 

Los partidarios de la medida insisten en que los cambios no requerirán el tipo de encarcelamiento masivo que condujo al problema de hacinamiento masivo en las prisiones de California en las décadas de 1990 y 2000.

Los votantes cambian sus prioridades en materia de delincuencia en California

En última instancia, dijo Lofstrom, no es realmente una contradicción haber votado por la Prop. 47 en 2014 y también por la Prop. 36 este año. 

En 2014, el Estado necesitaba urgentemente reducir su población carcelaria, por razones prácticas y por una orden judicial de mantener la población no superior al 137.5% de la capacidad del sistema penitenciario. 

Hoy en día, la urgencia va en la otra dirección, afirmó. 

Incluso con la Proposición 36 en vigor, Lofstrom dijo que aún queda mucho por determinar sobre la implementación de la medida.  

“¿La policía va a arrestar a alguien por esto?”, preguntó. “¿Los fiscales van a presentar cargos? No se sabe cómo se resolverá todo esto”.

La versión original de este artículo fue publicada en calmatters.org.