Gatilleros vistiendo uniformes policíacos falsos irrumpieron en un hogar en Phoenix, abrieron fuego y ejecutaron a un hombre.
Secuestradores armados sacaron a sus víctimas de coches e incluso de una plaza comercial local cruzando el valle de Phoenix para pedir rescate, convirtiendo la soleada ciudad en la “capital del secuestro” de los Estados Unidos.
La violencia de este tipo es común en México en donde los secuestros y ejecuciones relacionadas con los cárteles de droga son una característica cotidiana de la agresiva guerra contra el narcotráfico que ha tomado 6,000 vidas del sur de la frontera el año pasado.Pero las autoridades de los Estados Unidos ahora temen que los crímenes violentos estén empezando a sangrar por la porosa frontera con México y se cometan aquí.
“La lucha en México es por la dominación de los pasillos del contrabando y esos corredores no terminan en la frontera”, señaló el Procurador General de Arizona Terry Goddard.
Asesinatos a modo de ejecución, invasiones violentas a los hogares, y una tasa de secuestro en ascenso en Phoenix – de las que la policía reportó un promedio de un secuestro por día vinculado al crimen en México el año pasado – no son los únicos ejemplos a lo largo de la frontera.
En el sur de California, la policía ha investigado casos de americanos secuestrados por grupos armados vinculados con el narcotráfico en Tijuana. Uno involucraba a una empresaria y a su hija adolescente que fueron secuestradas en San Diego el año pasado y retenidas para la obtención de un rescate al sur de la frontera.
En enero, al sur de Texas, una granada de mano útil vinculada a un cártel mexicano fue lanzada en una mesa de billar en un bar frecuentado por oficiales de policía fuera de guardia. La anilla quedó puesta y el atacante huyó.
Los traficantes mexicanos siempre han sido violentos, pero el número de víctimas mortales se ha disparado desde que el Presidente Felipe Calderón tomó la administración en el año 2006 y envió decenas de miles de tropas a luchar contra los cárteles de cocaína más poderosos del país.
Los soldados han tenido batallas con bandas de narcotraficantes en varios pueblos de México y abrumados oficiales policíacos han desertado de las fuerzas municipales a lo largo de la frontera. En muchos casos, los oficiales policíacos han sido pagados por las bandas de narcotraficantes o incluso se han unido a ellos.
En señal de una batalla cada vez más desesperada por frenar la violencia, Calderón ordenó 5,000 tropas más y policías federales para ocupar Ciudad Juárez, justo cruzando la frontera de El Paso, Texas.
Los cárteles han asesinado a 250 personas en Ciudad Juárez en el mes pasado, obligaron al jefe de la policía a renunciar y cerraron el aeropuerto con amenazas de bomba.
La lucha realizada por autoridades mexicanas superadas en armamento para contener la violencia, fue resaltada por la policía del estado de Arizona en noviembre pasado, cuando oficiales policíacos mexicanos se encontraban atrapados en una violenta batalla en Nogales, Sonora, acudieron a ellos solicitando urgentemente más balas.
El gobernador de Texas Rick Perry señala que quiere que 1,000 tropas resguarden la frontera. El Procurador General del Estado Grez Abbott está respaldando a la legislación para tomar medidas contra el lavado de dinero y el tráfico de personas, drogas y armas a lo largo del estado por los aguerridos cárteles del Golfo y de Sinaloa.
Los creadores de leyes en Arizona escucharon el testimonio sobre la violencia en la frontera la semana pasada de voz de la policía y los fiscales, que están buscando medidas más severas para asegurar los bienes de los contrabandistas, así como medidas más duras contra el tráfico de armas hacia México.
Washington ha redoblado el apoyo a Calderón, comprometiéndose a proporcionarle a México helicópteros, aviones de vigilancia, equipo de inspección y capacitación policíaca bajo un plan de $1.4 billones para derrotar a los cárteles en México y Centroamérica.
La Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano – ex-gobernadora de Arizona – dijo en una audiencia del Congreso que estaba enfocada a frenar el tráfico de armas dirigido hacia el sur que están siendo utilizadas para armar a los cárteles violentos.
Como prueba de ese compromiso, un traficante de armas de Phoenix está en juicio acusado de haber vendido cientos de armas, incluyendo cuernos de chivo (rifles AK-47), a traficantes sabiendo que ellos los enviarían a un poderoso cártel en el estado de Sinaloa en la costa del Pacífico en México.