El gobernador de California, Gavin Newsom, podría continuar gobernando por decreto indefinidamente, erosionando el concepto estadounidense de democracia

El pasado mes de noviembre, el gobernador Gavin Newsom extendió dos de sus decretos pandémicos hasta el 31 de marzo, lo que indica que no tiene intención actual de retirar la declaración de emergencia que emitió hace 20 meses.

Recuerda la pregunta quejumbrosa de David en el Salmo 13: “¿Hasta cuándo, oh Señor?”

Bajo esa declaración de emergencia, Newsom ha suspendido o alterado más de 400 leyes y regulaciones y, en efecto, emitió docenas de sus propias leyes sin pasar por el proceso legislativo.

Si bien muchos son relativamente mundanos, algunos han tenido impactos profundos, particularmente cierres obligatorios de pequeñas empresas y pedidos de vacunación y uso de mascarillas.

Los cierres desencadenaron una grave recesión, ya que se eliminaron más de 2 millones de puestos de trabajo, cuadruplicando la tasa de desempleo del estado. Posteriormente, Newsom suavizó repetidamente sus órdenes de cierre, luego las volvió a imponer a medida que COVID-19 aumentaba y disminuía.

Newsom ha defendido las órdenes de vacunación obligatorias recientes para maestros y empleados estatales al citar un nuevo aumento en las tasas de infección, que también es el motivo de la acción de la semana pasada que afecta el empleo de los trabajadores de la salud.

Newsom citó “el comienzo potencial de un nuevo aumento en los casos de COVID-19″ y las instalaciones de atención médica “con poco personal y atrasadas”.

Erin Mellon, portavoz de Newsom, le dijo el domingo a la reportera de CalMatters, Emily Hoeven que: “El estado de emergencia garantiza que el estado pueda continuar respondiendo rápidamente a las condiciones cambiantes mientras persiste la pandemia. Como hemos visto, este virus y sus variantes son impredecibles. El estado de emergencia terminará una vez que las condiciones ya no justifiquen una respuesta de emergencia”.

Ese es el problema.

Los funcionarios de salud pública han llegado a la conclusión de que es posible que el COVID-19 nunca se erradique total o casi completamente, como lo fue la poliomielitis hace más de medio siglo.

Más bien, el virus continuará mutando, al igual que la influenza, y requerirá una evolución continua de vacunas y tratamientos para mantenerlo a raya. Podemos gestionarlo, pero probablemente no lo eliminemos.

Dado ese consenso científico, Newsom podría continuar su declaración de emergencia del 4 de marzo de 2020 indefinidamente y así continuar gobernando por decreto, erosionando aún más el concepto estadounidense de controles y contrapesos a través de tres ramas del gobierno iguales.

Es, como se opinó en este espacio anteriormente, un experimento en el sistema de gobierno parlamentario utilizado en gran parte del mundo, incluso en Inglaterra y sus antiguas colonias, como Canadá y Australia.

En esos países, el partido que obtiene la mayoría de los escaños legislativos, o crea una mayoría de coalición, también controla el poder ejecutivo. El jefe del partido de la mayoría, el primer ministro, está facultado para emitir decretos con fuerza de ley siempre que mantenga una mayoría legislativa.

El Partido Demócrata de Newsom tiene mayorías masivas en ambas cámaras legislativas y sus líderes se alegran permitiendo que Newsom gobierne por decreto, ya que están de acuerdo, en su mayor parte, con lo que ha estado haciendo. Evita el proceso complicado y semitransparente de redactar y aprobar leyes que pueden ser impugnadas en los tribunales o por referéndum.

Newsom y los líderes legislativos pueden resolver lo que quieren hacer a puerta cerrada, con la opinión de los cabilderos de los grupos de interés afectados, por supuesto, y hacer que Newsom lo incorpore en una orden ejecutiva o lo promulgue rápidamente.

El presupuesto estatal cada vez más opaco es un ejemplo de esto último. La Legislatura aprueba un presupuesto preliminar antes del 15 de junio de cada año, Newsom lo firma y luego se desarrolla en los meses siguientes con innumerables “proyectos de ley” que a menudo hacen cambios importantes en las políticas sin prácticamente ninguna participación externa.

Como quiera que lo llames, este sistema de gobierno por decreto del gobernador y una legislación que esconde los guisantes puede ser demócrata, pero ciertamente no es democrático.

La versión original de este artículo fue publicada en calmatters.org.